Chilpancingo, Gro., 17 febrero de 2022.- Para contribuir a que los adultos mayores tengan una mejor calidad de vida y no sean víctimas de abuso, en el Congreso del Estado se analizan diversas iniciativas para su beneficio.

Entre las propuestas que se analizan al seno de las comisiones dictaminadoras, están las reformas a la Ley de los Derechos de los Adultos Mayores del Estado de Guerrero, para que el Estado, municipios e instituciones judiciales garanticen en todo momento el respeto a la dignidad humana de este grupo social vulnerable.

Asimismo, se discuten las reformas al artículo 245 del Código Penal del Estado de Guerrero para aumentar de 4 a 10 años de prisión la pena por el delito de despojo en contra de los adultos mayores, con el objetivo de proteger su patrimonio.

Dichas penas podrán incrementarse hasta en dos terceras partes cuando los agraviados sean adultos mayores o personas con alguna discapacidad, y a quienes comentan de forma reiterada el delito de despojo de bienes inmuebles se les impondrá una pena de 6 a 12 años de prisión y de 300 a 600 días de multa. 

Dado que existen cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el sentido de que una de cada diez personas adultas mayores ha sufrido violencia, situación que en México representa entre el 10 y 15 por ciento, también se analiza la creación de una Agencia Especializada en Atención de Personas Adultas Mayores Víctimas de Violencia Familiar y Delitos Sexuales, adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar.

El propósito de dicha agencia es brindar protección jurídica ágil y oportuna a este sector vulnerable, ya que los delitos con mayor incidencia son la violencia familiar, lesiones y abuso sexual en su contra, que suman 24 en esta entidad, de acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía General del Estado.

También se analizan reformas a la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero para garantizar que las personas adultas mayores, con discapacidad y estudiantes cuenten con tarifas preferenciales por el uso del servicio público.

Las iniciativas en mención se analizan y discuten en las comisiones ordinarias de Justicia, Atención a Adultos Mayores y de Transportes.