Chilpancingo, Gro., 30 de septiembre de 2022.- Con el propósito de que las niñas y niños afectados por trastornos de aprendizaje reciban un trato digno y acorde a sus necesidades, que facilite su inclusión en la vida académica, la diputada Jennyfer García Lucena propuso reformar la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado.
Al presentar su iniciativa, la diputada integrante del Grupo Parlamentario del PRD destacó que el derecho de las niñas, niños y adolescentes a la educación es reconocido en diversas leyes y tratados internacionales, que estipulan la obligación de los Estados de adoptar medidas especiales de protección y asistencia, sin discriminación, para que puedan desarrollar al máximo su personalidad, aptitudes y capacidades mental y física.
Dijo que aun cuando el Estado cumple con su obligación de impartir la educación de nivel básico gratuitamente a los niños y adolescentes, las políticas públicas han sido insuficientes para garantizar su desarrollo integral, atendiendo a sus capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos.
Señaló que durante la etapa de aprendizaje los niños pueden padecer trastornos como la dislexia, dicalculia, disgrafía, disfasia, dispraxia, disfemia o tartamudez, y déficit de atención con hiperactividad, todas las cuales afectan la habilidad para procesar, recibir, analizar o almacenar información, causando serias dificultades para leer, escribir, deletrear o resolver problemas matemáticos y, en general, para realizar las tareas y actividades propias del proceso de enseñanza-aprendizaje.
En ese sentido, expuso que al no contar con maestros formados e informados adecuadamente respecto de estos trastornos, no surgen en los educandos problemas de conducta, de estado de ánimo y/o de ansiedad; problemas psicológicos, además de “bullying”, lo que ocasiona que a lo largo de su vida se vean afectados en diferentes aspectos: trabajo, rutinas diarias, vida familiar, amistades, los juegos, entre otros.
García Lucena indicó que ignorar la existencia de este tipo de trastornos de aprendizaje provoca elevados costos sociales, como la deserción escolar, abuso de drogas o embarazo en edades tempranas, por lo cual es urgente su inclusión en el marco normativo local, para que las niñas, niños y adolescentes puedan ser diagnosticados de manera oportuna y reciban una educación acorde a sus necesidades.
Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para su análisis y dictaminación.