Chilpancingo, Gro., 23 de octubre de 2024.- El diputado Robell Urióstegui Patiño, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, presentó una propuesta de acuerdo parlamentario por el que se exhorta a las secretarías de Planeación y Desarrollo Regional; de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, todas del Gobierno del Estado, a que de manera coordinada con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano federal y la Comisión Nacional del Agua elaboren un diagnóstico sobre la problemática causada por los fenómenos meteorológicos en Acapulco.

Además, plantean que se reevalúe la zonificación de áreas vulnerables propensas a inundaciones o deslizamientos de tierra, mediante un programa de manejo integral de encauzamiento con infraestructura resistente a eventos climáticos, en especial para la zona Diamante.

Del mismo modo, se pide exhortar al Ayuntamiento de Acapulco para que elabore y ejecute, en coordinación con las autoridades estatales y federales en la materia, el Plan Maestro de Gestión de Inundaciones, principalmente de Llano Largo-Diamante, a fin de revisar y actualizar su Plan Municipal de Desarrollo Urbano.

El exponer la propuesta, el legislador resaltó que los fenómenos meteorológicos Paulina, Ingrid, Manuel, Otis y recientemente John han puesto de manifiesto la vulnerabilidad en la que se

encuentra Acapulco y las deficiencias en materia de urbanismo y planeación urbana, por lo que resulta importante implementar un programa de manejo integral de encauzamiento, con infraestructura resistente a eventos climáticos.

Recordó que el huracán Paulina afectó las zonas turísticas y la infraestructura pública, incluidas escuelas y hospitales. Luego, en 2013, el paso del huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel dañaron a 10 mil 497 viviendas, con un saldo económico de 23 mil 441 millones de pesos.

Asimismo, el huracán Otis en Acapulco se estima que dejó daños por alrededor de 289 mil millones de pesos; mientras que el huracán John dejó a aproximadamente 127 mil personas damnificadas y dañó alrededor de 39,241 casas, todo lo cual podría requerir una inversión de hasta 50 mil millones de pesos para su recuperación.

Por todo lo anterior, Urióstegui Patiño propone llamar a las dependencias antes mencionadas para hacer una reevaluación de la zonificación de áreas vulnerables y a implementar un manejo integral de cuencas, mejorar los sistemas de drenaje, reubicar asentamientos en áreas seguras y fortalecer la infraestructura de resiliencia climática, que se está viendo afectada ante el crecimiento urbano desorganizado, generando vulnerabilidad en la población. “Es crucial que no sólo se desarrollen zonas turísticas exclusivas, sino que se considere la vulnerabilidad climática de estas áreas. Debemos construir infraestructura que resista eventos climáticos extremos y, sobre todo, proteger a quienes más lo necesitan”, apuntó.