Chilpancingo, Gro., 15 de noviembre 2021.- La diputada Yoloczin Domínguez Serna presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Entrega-Recepción de las Administraciones Públicas del Estado y Municipios de Guerrero para garantizar la transparencia en este acto, dejando antecedente de la participación de todas las partes involucradas en este procedimiento tan importante entre las administraciones salientes y entrantes, y para que el acta resultante sea remitida a la Auditoría Superior del Estado.

En su exposición de motivos, la legisladora asentó que a pesar de ser un proceso obligado para quienes hacen uso de recursos públicos, es sabido que éste no se da de una manera transparente, pues en diversos casos hay omisión de los presidentes municipales o alguno de sus funcionarios respecto a la información que debe ser transmitida a la administración entrante.

Por lo anterior, Domínguez Serna plantea que el acta administrativa de entrega-recepción se elaborará por quintuplicado y será firmada por cada uno de los miembros del comité, quedándose el original bajo la custodia del servidor público que recibe; la primer copia a cargo del responsable de la entrega; la segunda a la Secretaría u Órgano Interno de Control; la tercera será remitida a la Auditoría Superior del Estado, a través de su representante, y la cuarta se archivará en el área administrativa donde se genere el cambio.

Precisó que la entrega–recepción tiene por objeto dar cumplimiento al acto legal y administrativo mediante el cual el gobierno municipal saliente entrega de forma ordenada, completa y oportuna al gobierno municipal entrante todos los bienes muebles, inmuebles, infraestructura, equipamiento, archivos, almacenes, inventarios, fondos, valores y demás documentos e información relacionada con los programas, presupuestos y recursos.

Agregó que este proceso que facilita el inicio de la gestión del servidor público entrante y el término de gestión del servidor público saliente, delimitando los periodos de responsabilidad, es un acto que ayuda a la continuidad del funcionamiento de la administración pública municipal para la transmisión del patrimonio público y, sobre todo, brinda certeza jurídica del resguardo del patrimonio municipal, promoviendo la rendición de cuentas y abonando a la transparencia y el combate a la corrupción.

La propuesta fue turnada a las Comisiones de Justicia y de Asuntos Políticos y Gobernación, para su respectivo análisis y dictaminación.