Chilpancingo, Gro., a 08 de junio de 2022.- Para modificar el nombre de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos por Comisión de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, la diputada Marben de la Cruz Santiago  propuso reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero.

En la más reciente sesión del Congreso del Estado, la legisladora de Morena expuso que los pueblos y comunidades afromexicanas forman parte de la Constitución Política federal, donde se establece su reconocimiento en cualquiera que fuera su autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la Nación.

Indicó que en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, en el año 2014, a la Comisión de Asuntos Indígenas se le agregó la palabra de Afromexicanos, como un reconocimiento a la contribución al desarrollo económico, social y cultural del estado y la Nación.

Por estas razones, de la Cruz Santiago considera que se deben hacer las modificaciones necesarias al marco jurídico para que haya congruencia con los avances en materia de reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.

Señaló que la Ley establece que a la citada comisión legislativa le corresponderá promover y procurar que los programas de las dependencias y entidades del sector público contengan acciones de integración social en beneficio de los indígenas; los vinculados con el respeto a las culturas, usos y costumbres indígenas en la entidad; lo relativo a la procuración, administración de justicia y respeto a los derechos humanos de los indígenas, y los demás temas que a juicio de la mesa directiva le sean turnados para su análisis.

Por ello, como un reconocimiento a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, y por respeto a su libre organización y a su autonomía interna, la diputada considera que se debe modificar el nombre de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos por Comisión de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Esta propuesta fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos para su análisis y emisión del dictamen respectivo.